En México, definitivamente, las cosas no le han salido al presidente López Obrador. Los medios de comunicación serios y responsables han denunciado la ineficiencia del gobierno, traducida en la caída de todo el sistema educativo, de salud, de seguridad social y de seguridad pública y la profunda corrupción que se ha arraigado en la burocracia y los allegados y parientes del mandatario es superior a la del gobierno de Peña Nieto, que fue la que indignó al país y le dio el voto de 30 millones de ciudadanos al señor López.
En las elecciones de 2021, su partido obtuvo grandes triunfos, pero no en lo más importante: el Congreso, ahí perdió la mayoría calificada pues la ciudadanía decidió tener un congreso dividido para evitar el abuso de poder que se estaba viendo desde la presidencia y con esto perdió la posibilidad de hacer cambios a la Constitución. Ha pretendido imponer su forma de gobierno a través de leyes que solo requieren de la mayoría simple del congreso, pero esto también se le ha revertido, pues no pudo imponer en la Suprema Corte a la Señora Yasmín Esquivel Mossa, su incondicional y quedó una Mujer valiente que le ha enfrentado sin temor Norma Lucía Piña Hernández, lo que ha contagiado a los Jueces del país que conocen sobre casos de inconstitucionalidad y han seguido la política de defender la Constitución ante los embates del gobierno obradorista.
López Obrador utiliza el dinero de los mexicanos las mañanas de lunes a viernes para el culto a su personalidad, en un supuesto ejercicio de transparencia y a través de ese medio es constante el ataque a medios de comunicación, periodistas y jueces que le contradicen y exhiben las corruptelas de su gobierno.
¿Se trata realmente de un ejercicio de la libertad de expresión, o es un abuso del poder y las facilidades que tiene como presidente de México?
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula el derecho de expresión, estableciendo que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones; que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Esta norma también determina los límites a este derecho al establecer que su ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales, por lo que puede estar sujeto a ciertas restricciones, las que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, entre esos límites se encuentran aquellas actividades que representan una simbología de odio o discriminación, a este respecto es de considerar que la libertad de expresión se refiere a la comunicación de ideas de naturaleza variada, política, religiosa, científica, artística; en tanto que la libertad de información concierne más a la comunicación de hechos, sobre todo los conocidos como noticiable, estos dos tipos de libertad suelen expresarse en forma conjunta, en tanto que los juicios de valor expresan pensamientos ideológicos sobre hechos.
Surge aquí la incógnita sobre cuál debe ser el límite hacia esa libertad de transmitir información con contenido ideológico, el primer elemento a considerar es precisamente el que la libertad de expresión existe en cuanto hay diversidad ideológica, pues si esta no existiera, tampoco podría hablarse de libertad pues el presupuesto de esta es la capacidad de opción, por tanto la interpretación inicial hacia la libertad de expresión es que ésta debe ser respetada aun y cuando para alguno pueda resultar chocante, repulsiva e inclusive ofensiva. En diversos ámbitos se ha considerado que la limitación a esta posibilidad de expresarse inclusive hasta la ofensa hacia el otro, tiene su límite en lo que se ha llamado como discurso del odio.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia en sus recomendaciones hacia los Estados ha tratado el tema que nos ocupa, así en 1996 estableció la necesidad de que los países que conforman la unión prevean en sus códigos penales como delitos “…las formas de expresión orales, escritas y audiovisuales, entre otras, incluidos los mensajes transmitidos por medios de comunicación electrónicos, que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra grupos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, o contra sus miembros por el hecho de pertenecer a estos grupos. …”.
López Obrador, ahora que las cosas se le han salido de control, se ha extralimitado en sus ataques a medios de comunicación, periodistas y jueces; ha amenazado con mandarlos a investigar y utiliza palabras discriminatorias o que el considera como ofensivas a través de la apología del odio hacia quienes no coinciden con él o su actuar, promoviendo prejuicio e intolerancia, e insultando a sus detractores denominándolos corruptos, “fifis”, vendidos y más. Ha utilizado información confidencial violentando la secrecía a que está obligado, contrariando el deber independencia que debe observar, olvidándose que desde que decidió ser una figura pública renunció a límites a su vida privada, pues es sujeto al escrutinio social por su propia posición.
Argumenta que esto lo hace en ejercicio de su Libertad de Expresión, el cual tiene limite como vimos, pero esos límites se acentúan porque no habla a título personal sino como funcionario y en uso del erario público, lo que le impide violar la neutralidad que debe ser propia de esa actividad.
En la legislación penal mexicana se considera delito la intimidación realizada por un servidor público, mencionando que esto implica el uso de la violencia física o moral, para inhibir o intimidar.
El 2 de junio entrante se celebrarán elecciones para elegir presidente, gubernaturas, congresos locales y el federal. Es una fecha crucial para nuestro país y está en manos de los jóvenes entre 19 y 39 años el futuro del país y con él y de sus hijos, no dejen de participar.
